El Tribunal Europeo de Derechos
Humanos (TEDH) ha dictado hoy una
sentencia inapelable en la que ordena,
además de su puesta en libertad,
el pago de una indemnización a una
terrorista condenada a 30 años de cárcel por el asesinato de 23 personas.
Parece evidente que si el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dicta una
sentencia es para que se cumpla ¿Verdad?
Parece evidente que si el Tribunal
Supremo español dicta una sentencia es para que se cumpla ¿Verdad?
Y, todo hay que decirlo, el
Tribunal de Estrasburgo, el Tribunal Supremo y cualquier tribunal español o
europeo emiten sentencias basadas en el cumplimiento o no cumplimiento de leyes
españolas o europeas. Es decir, para que un
tribunal actúe se requiere la
previa existencia de una Ley.
Y, también hay que decirlo, las
leyes nunca pueden tener carácter
retroactivo. Siempre que hay un Estado que intenta implantar y aplica
en la práctica una ley con efecto
retroactivo, aparecen personas, físicas o jurídicas, que recurren a los tribunales, nacionales o
internacionales y estos, normalmente, emiten sentencias en contra de la conducta del
Estado y a favor de quienes han
recurrido el efecto retroactivo de las leyes.
Pues bien, volviendo a la sentencia
del Tribunal de Estrasburgo. En principio y salvo opinión mejor fundada en
derecho, está claro que la etarra, en función de esa sentencia,
saldrá de la cárcel en pocos días. Pero esto será porque el
Gobierno español decide cumplir la sentencia ya que hay países europeos,
Inglaterra por ejemplo, que no siempre
cumplen las sentencias de ese tribunal y
hay argumentos jurídicos para sostener esta posición.
Además, el Gobierno español puede
poner en libertad a otros 150 condenados por delitos ya
similares a los de la terrorista
ya violaciones o crímenes en serie, o
puede no ponerlos en libertad, considerando que la sentencia de hoy solo es
aplicable al caso de concreto y no a
otros similares.
Evidentemente el Gobierno español
hará, como siempre, lo que políticamente
le convenga ya que aunque las leyes y las sentencias son para cumplirlas, en España, con el consentimiento del gobierno
hay sentencias del Tribunal Supremo que
no se cumplen (véase el comportamiento de los políticos catalanes por ejemplo).
Por supuesto, el Gobierno actual (y los anteriores) exigen que se cumplan las leyes cuando políticamente
les conviene (véase el cumplimiento en Cataluña o el País Vasco de leyes y sentencias, por ejemplo) y no tiene el
menor pudor de legislar con efectos
retroactivos, sabiendo que el Reino de España puede ser condenado por ello en los tribunales (véase el caso de las
instalaciones fotovoltaicas).
Más aún, el gobierno actual y los
anteriores saben muy bien lo que piensan los españoles sobre las penas que
deberían cumplir los asesinos, violadores, grandes criminales y políticos corruptos, pero
no se preocupen ustedes, no nos harán ni caso. Nuestros actuales gobernantes y los
que les sucedan cuando pierdan las
elecciones, mantendrán la condena máxima
en 30 años, otorgarán privilegios carcelarios,
permitirán que salgan a la calle violadores y criminales peligrosos y, por
supuesto no endurecerán las penas para los corruptos y si algún político en el
futuro resultase condenado por corrupción
es más que probable que, como ya se viene haciendo, sea indultado.
Para concluir, el caso de la terrorista
que el Tribunal de Estrasburgo ha puesto en la calle es una mala cosa para las
gentes de bien que, en España, aspiran a que haya justicia, pero mucho peor será
que el Gobierno aproveche esta ocasión para decidir con criterios de oportunidad política y
decida poner en la calle a un
buen número de violadores y criminales
en serie para que maten a más ciudadanos, mujeres sobre todo, a los que su gobierno no quiere (¿de verdad no
puede?) proteger.
Y, otra cosa, Dios no quiera que
por causa de lo que decidan nuestros políticos
(decidir es elegir) no se haga realidad el viejo dicho que, si mal no recuerdo, dice: Cuando la justicia sale por la puerta la
venganza entra por la ventana.
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