En no pocas sociedades occidentales y en parte de las orientales, se escuchan, cada vez con mayor fuerza, voces a favor de restringir los derechos de los delincuentes como medio para asegurar los de quienes respetan las leyes.
Se piden castigos ejemplares para quienes atentan contra la integridad física de las personas, se apropian indebidamente de los bienes ajenos o destruyen, porque lo tienen a bien, muebles o inmuebles de la comunidad.
Se demanda protección efectiva frente a las agresiones que a las normas y, sobre todo, a los usos de convivencia efectúan cada día, sin pudor alguno y absoluta prepotencia, personas no integradas en lo que se considera el ámbito común y socialmente aceptado de convivencia.
Se extiende una, cada vez más irritada, sensación de impotencia frente al deterioro de cuantos paradigmas configuran el marco de seguridad requerido por una sociedad que se percibe a sí misma injustamente convulsa.
Y está creciendo, además, la más profunda desconfianza hacia unos gobernantes que no son capaces de conseguir los mínimos que en seguridad desea la sociedad o, lo que es peor, parecen no querer conseguirlos.
No es preciso aportar ejemplos para ilustrar los anteriores asertos, basta mirar alrededor para tenerlos.
Simultáneamente, la misma sociedad demanda, también con enorme fuerza, respeto al libre hacer individual de sus miembros.
Se exige, en esta sociedad, también con energía y convicción que nadie impida ocupar viviendas, vender droga o alquilar el cuerpo, maltratar y demandar a los policías, insultar a los jueces, echar mal de ojo a la vecina, colarse en el metro, permitir que los niños hagan su voluntad, golpear a los maestros, amenazar a los médicos, no dejar dormir a los vecinos, arrancar las plantas, pintar trenes o vejar a cualquiera.
Se demanda protección efectiva para estos inalienables derechos y se pone en duda la capacidad o la voluntad de los gobernantes para hacerlo.
Es evidente que conjugar todos los derechos, aunque lo pretendan, para los gobernantes es imposible.
Por tanto, en función de la tendencia de los votos, los políticos, que de eso saben bastante, se van a decantar por primar unos u otros derechos.
Por ahora y hasta las próximas o las siguientes elecciones, en España, se mantiene la fuerza de las demandas en un absoluto e inestable punto de equilibrio.
Se piden castigos ejemplares para quienes atentan contra la integridad física de las personas, se apropian indebidamente de los bienes ajenos o destruyen, porque lo tienen a bien, muebles o inmuebles de la comunidad.
Se demanda protección efectiva frente a las agresiones que a las normas y, sobre todo, a los usos de convivencia efectúan cada día, sin pudor alguno y absoluta prepotencia, personas no integradas en lo que se considera el ámbito común y socialmente aceptado de convivencia.
Se extiende una, cada vez más irritada, sensación de impotencia frente al deterioro de cuantos paradigmas configuran el marco de seguridad requerido por una sociedad que se percibe a sí misma injustamente convulsa.
Y está creciendo, además, la más profunda desconfianza hacia unos gobernantes que no son capaces de conseguir los mínimos que en seguridad desea la sociedad o, lo que es peor, parecen no querer conseguirlos.
No es preciso aportar ejemplos para ilustrar los anteriores asertos, basta mirar alrededor para tenerlos.
Simultáneamente, la misma sociedad demanda, también con enorme fuerza, respeto al libre hacer individual de sus miembros.
Se exige, en esta sociedad, también con energía y convicción que nadie impida ocupar viviendas, vender droga o alquilar el cuerpo, maltratar y demandar a los policías, insultar a los jueces, echar mal de ojo a la vecina, colarse en el metro, permitir que los niños hagan su voluntad, golpear a los maestros, amenazar a los médicos, no dejar dormir a los vecinos, arrancar las plantas, pintar trenes o vejar a cualquiera.
Se demanda protección efectiva para estos inalienables derechos y se pone en duda la capacidad o la voluntad de los gobernantes para hacerlo.
Es evidente que conjugar todos los derechos, aunque lo pretendan, para los gobernantes es imposible.
Por tanto, en función de la tendencia de los votos, los políticos, que de eso saben bastante, se van a decantar por primar unos u otros derechos.
Por ahora y hasta las próximas o las siguientes elecciones, en España, se mantiene la fuerza de las demandas en un absoluto e inestable punto de equilibrio.
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