Entre los dramas que acompañaron la vida de los españoles del siglo XIX, uno de los más graves, era el de quedar cesante, las cesantías.
Cesantes eran los funcionarios de la administración pública que, cuando cambiaba el gobierno, eran expulsados de sus puestos para que estos fueran ocupados por personas afines al nuevo gobierno.
Los cesantes, independientemente de su capacidad profesional, normalmente escasa, se mantenían en el desempleo el tiempo que su partido estaba fuera del gobierno y, como los gobiernos duraban meses, la rotación de los funcionarios era mucha y la eficiencia de la administración poca.
Para mejorar la insuficiente calidad de la administración pública, terminar con la terrible incertidumbre de los servidores públicos y captar buenos talentos para trabajar en la administración, en el Estatuto de 1918 se aprobó la inamovilidad de los funcionarios que, hasta ahora ha dado muy buenos resultados.
Sin embargo, a los largo de los últimos treinta años y especialmente en los últimos siete, en esa zona obscura que existe entre la administración y la política, han aparecido muchos miles de puestos ocupados por personas “de confianza”, designadas por los responsables políticos de la cosa pública, que no conformes con tener mando sobre los funcionarios desean disponer de personas fieles en las que pueden tener la seguridad de que “son suyos”.
Los presidentes, los ministros, los consejeros autonómicos, los alcaldes y los concejales españoles, han nombrado y siguen nombrando a personas que les son afines para, con buena o mala preparación, cobrando bastante más que los funcionarios con funciones equivalentes, les ayuden a gestionar la cosa pública. Todos los contratados “de confianza” lo son por la duración del mandato del político al que “sirven”
Evidentemente, cuando el responsable político, por lo que sea, lo decide, la persona de confianza se va a la calle, al igual que se marcha al desempleo, junto a su jefe, cuando el político pierde las elecciones.
Y ¡que drama!, cuando se pierden las elecciones…
Conozco personalmente a personas que han sido importantes en la política, diputados, alcaldes, concejales, gestores políticos de empresa públicas, cualificados asesores y temidas “personas de confianza” que, por carecer de otra preparación profesional que la obtenida en su activa militancia en un partido político y, en algún caso hasta siendo buenos profesionales, al salir de sus “importantes” cargos, no solo han caído en largos períodos de desempleo, aislamiento personal, depresiones, serios problemas económicos y, hasta en algunos casos en rotundos fracasos matrimoniales.
Ahora, en estos momentos, hay muchos miles de familias, luego de la debacle electoral del partido socialista en toda España y de otros partidos en no pocas ciudades, cuya posición social y, lo que es peor, sus ingresos económicos, en pocas semanas habrán desaparecido.
Los políticos perdedores en las elecciones y quienes ocupaban puestos de confianza, antes de que llegue el verano serán simples desempleados. Serán compañeros en el desempleo de los millones de personas que, sin haber estado en política, ya están paradas. Además, descubrirán con horror, que su teléfono ha dejado de sonar y que cuando llaman a alguien, casi siempre la otra persona no contesta, su teléfono está fuera de cobertura o, alguien le dice, que está reunido.
Que a los políticos les afecten las cesantías no importa absolutamente nada, a fin de cuentas, sarna con gusto no pica.
Y, ¿haber sido alcalde, concejal o puesto de confianza es un mérito para competir por un puesto de trabajo? Hoy por hoy, en abstracto, tengo muchísimas dudas
La verdad es que entiendo que quién tiene la ambición de “ser político” se arriesgue y acepte con todas sus consecuencias pasar tiempos de cesantía, pero que un profesional preparado, teniendo un trabajo, acepte ser “persona de confianza”, me parece la más absoluta de las locuras.
Probablemente, si a nuestros políticos, obligados por la crisis, les entrase en sus cabezas una brizna de sentido común, para gestionar la cosa pública lo harían con los funcionarios que ya trabajan en la administración y no contratarían absolutamente a nadie para ocupar “puestos de confianza”.
Además de ahorrarse mucho dinero, se evitarán los dramas de las cesantías en personas que valen para poco o que valiendo mucho no tienen la aspiración de ser políticos.
Claro que eso del sentido común es poco frecuente y caer en la tentación de ganar un buen sueldo y estar cerca del poder es algo a lo que la gente con carreras profesionales poco brillantes no puede resistirse.
Por ello, al final, ante la amarga cesantía de las personas que han ocupado puestos públicos, no pocas veces, es normal que la gente común, en lugar de sentir pena y pensar en ayudar al decaído cesante, en silencio o a gritos, le dice: ¡Se te acabó la mamadera!
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