El Sr. Presidente del Gobierno dice, día tras día, todos los días, que en España no se abaratará el despido. Y lo dice tantas veces y con tanta firmeza que me da la impresión que lo hace para poder mantenerse en la creencia de que lo inevitable, aunque sea inevitable, no va a suceder.
Ya me gustaría a mí y a todo el mundo, que el Sr. Presidente estuviera en lo cierto, pero lo inevitable es eso, inevitable. El despido ya se está abaratando en España y cuando llegue septiembre será aún más barato que ahora y lo será diga lo que diga el Sr. Presidente, digan lo que digan los sindicatos y sufran lo que sufran, quienes sean despedidos o se vean en la situación de despedir.
Me explico.
Simplificando la situación, en España hay dos tipos de trabajadores.
Los empleados fijos, más o menos el 65 % de la población que tenía trabajo al final de 2007, que en caso de ser despedidos de forma individual tienen una indemnización pagada por la empresa de cuarenta y cinco días por año y una paga por desempleo cada mes con cargo a la seguridad social, que puede durar año y medio. Estos empleados pueden ver, en circunstancias concretas, no demasiado frecuentes, ver reducida la indemnización a veinte días por año.
Los empleados temporales, más o menos el 35 % de las personas que tenían trabajo al final de 2007, que tienen contratos ya de duración determinada o ya para la realización de una obra o servicio también determinada. Estos empleados, cuando termina el contrato, no indemnización de la empresa y, si han cotizado a la seguridad social, pasan a cobrar el subsidio de desempleo.
A lo largo del año 2008 y en 2009 el desempleo ha subido hasta cuatro millones de personas. Para bien o para mal, la mayor parte de estas personas tenían contratos temporales, por lo cual las empresas no han tenido que pagar indemnizaciones por despido, solamente han tenido que esperar el vencimiento de los contratos.
Sin embargo, ahora que, por la inexistencia de expectativas positivas sobre la recuperación económica, sigue sobrando personal en las empresas para reducir personal, como ya quedan muy pocos con trabajos temporales, hay que despedir mediante el pago de indemnizaciones.
Y aquí aparece, una vez más, la resistencia del Sr. Presidente a aceptar lo inevitable:
Una parte muy importante de los despidos que se van a producir a partir de septiembre, en las empresas medianas y grandes, serán fruto de expedientes de regulación de empleo que incluirán indemnizaciones de veinte días por año, menos de la mitad de los cuarenta y cinco previstos para los despidos individuales.
Y otra parte, que puede ser muy importante, en pequeñas empresas, micropymes y negocios de profesionales autónomos, el despido vendrá por la vía de los hechos: Al volver de las vacaciones o al llegar al trabajo cualquier mañana, los empleados encontrarán las puertas cerradas, los empresarios, ilegalmente, impotentes para seguir perdiendo dinero y sin plata para pagar indemnizaciones, avisando o sin avisar a sus empleados, habrán cerrado la empresa.
En estos casos, antes o después, más bien después que antes, los nuevos desempleados cobrarán indemnizaciones, no del empresario, con cuantías de veinte días, que no cuarenta y cinco, del Fondo de Garantía Salarial, y el subsidio de la seguridad social.
Como es natural, las autoridades, animadas por la legislación, perseguirán a los empresarios, les harán la vida tan amarga como puedan y les embargarán los bienes que sepan encontrar. Eso sí, de cuarenta días de indemnización para los empleados que hayan perdido el empleo, nada.
Hay más razones pero, con lo que he explicado antes, es más que suficiente para pensar que el Sr. Presidente habla y habla, reiterando hasta el infinito, que abaratará el despido en España, para convencerse a sí mismo de que él puede evitar el que la gente, desesperada, le guste o no le guste al Sr. Presidente y a sus pobres ricos sindicatos, haga lo que le de la gana.
Nota:
Creo, fundada y firmemente, al igual que muchas personas que saben lo que es competir en el mercado global, que en España es imprescindible un cambio radical en la legislación laboral para reducir su injusta rigidez y hacer posible que cuando, dentro de dos o tres años, se reactive la economía, el empleo crezca con rapidez y no se mantenga una bolsa de paro superior al 12 o 14 % durante años y años.
No hay comentarios:
Publicar un comentario