Con el declive de la actividad económica, el incremento del desempleo se ha hecho exponencial en la sociedad española. Un enorme drama.
Sin embargo, en las administraciones públicas, especialmente en las autonómicas y locales, para retribuir puntualmente a los políticos primero a los funcionarios y laborales después, se está dejando de pagar a los proveedores, no es escucha voz alguna que pida o, al menos, sugiera, la necesidad de reducir las plantillas, ya de forma temporal o definitiva.
Mantener empleados que no se pueden pagar a costa, primero de los contribuyentes y luego de los proveedores, además de estar mal es una falta absoluta de sentido común.
Creo que el gobierno y el sindicato socialistas, el gran sindicato que quiere volver a ser comunista, los políticos de todos los colores y la ingente masa de funcionarios y contratados laborales de las administraciones, deben pensar que es mejor dejar sin pagar a los proveedores, que prescindir de puestos que no se pueden mantener ni con el incremento de impuestos a los ciudadanos, que están en el paro o que tienen riesgo real de engrosar las listas del desempleo,
No es que desee mal alguno a los funcionarios o contratados de las administraciones públicas, lamento en extremo que puedan quedar en paro, la falta de trabajo es terrible y no se la deseo a nadie pero, si no hay dinero no hay dinero y los alcaldes no pueden fabricar billetes en los sótanos de sus ayuntamientos.
Como consuelo para todos, tengamos presente que el presidente y los ministros han prometido repetidamente que su mayor prioridad es que los parados estén bien protegidos y, como nuestro gobierno esta lleno de gentes de palabra, los afectados no deban preocuparse porque tendrán de seguro subsidios si cayesen en la cesantía.
Pienso que aceptar la situación actual es una locura propia de un país en el que el valor del sentido común ha sido sustituido por el sueño maravilloso de un buenismo imposible.
Bien es verdad que, al final, aunque no queramos, lo que hay que hacer es lo que hay que hacer. Por ello, tanto los políticos como los contratados laborales y los funcionarios de las administraciones públicas harían bien si empiezan a tomar, cada uno, sus precauciones.
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