Hasta diciembre de 2010 nadie, ni dentro ni fuera, había dudado nunca que España fuera un Estado de Derecho en el que, desde tiempo inmemorial, había seguridad urídica. Por supuesto, la seguridad jurídica implica que no se puedan aprobar normas que con efecto retroactivo atenten contra los derechos de .las personas físicas o jurídicas.
Pués bien, el Gobierno del Sr, Rodriguez Zapatero, sin encomendarse a Dios ni al Diablo y, por supuesto, sin escuchar la opinión de los expertos, en diciembre de 2010, con el propósito de reducir los altísimos costes de la energía fotovoltáica, decidió reducir, con efecto retroactivo, la rentabilidad de las inversiones realizadas por propios y extraños durante los años anteriores en la puesta a punto y la explotación de este negocio.
El propósito del Gobierno era razonable, el coste de la energía fotovoltáica era altísimo, una barbaridad sin duda. La razón de ese muy alto coste era el que, en su ánimo de impulsar las energías limpias, el Sr, Rodriguez Zapatero, había establecido normas jurídicas que aseguraban una muy alta, altísima, rentabilidad a los inversores que pusiesen sus dineros en negocios de energías renovables y que, estos inversores, sin dudar de la seguridad jurídica española, habían puesto y ganado mucho, muchísimo dinero, en estos negocios.
Visto lo mal que estaban la situación, el Gobierno de España decidió cambiar las cosas y se empleo a fondo: Decidió que la rentabilidad de las inversiones en energía fotovoltáica tenian que ser razonables y tenian que serlo no ya a partir de la fecha de publicación de la nueva norma jurídica, que es lo normal, lógico y plenamente asumible por inversores y juristas españoles o extranjeros, sino desde que los inversores, hace uno, dos, tres o más años, pusieron su dinero en estos negocios. Es decir, el Gobierno quiere quitar a los inversores lo que les prometió y dio en muchos casos hace unos meses o unos años y quiere hacerlo porque le da la gana.
Cuando los inversores, especialmente los extranjeros, recibieron la noticia, como es natural, se enfadaron mucho y, de entrada, dijeron al Gobierno que lo que había hecho atentaba contra sus derechos y que, aparte de no invertir un dólar o un euro más en España, harían lo que hiciera falta para que se respetasen sus derechos.
Ahora, el Gobierno del Sr. Rodríguez Zapatero o el que le suceda en su momento, tendrá que explicar, justificar y luego perder, ante un tribunal de arbitraje internacional, al que está jurídicamente obligado a acudir por la llamada de los inversores perjudicados, la norma jurídica que con efectos retroactivos y atentando contra los derechos de terceros, aprobó en diciembre de 2010.
Será una mala noticia para el Gobierno de España dar marcha atrás en la expropiación de los derechos de los inversores, será también una mala noticia para las arcas públicas españolas que no van a obtener unos dineros que hacen mucha falta, pero será una muy buena noticia, una magnífica noticia el saber que, aunque no lo quiera el Sr. Rodriguez Zapatero, España ha sido y sigue siendo un Estado de Derecho en el que no se pueden publicar normas jurídicas con efectos retroactivos que vulneren los derechos de los españoles ni de de los extranjeros.
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